18-05-20
BUENOS AIRES.-En las últimas horas se han dado algunos casos donde en ciertas jurisdicciones y provincias, gobernadores e intendentes han tomado medidas claramente perjudiciales para toda la familia del transporte de cargas. Bajo la excusa de extremar los cuidados a los ciudadanos con motivo de la pandemia de Covid-19, prohíben el ingreso y circulación de camiones a ciudades y-o municipios y en algunos casos, se les ha prohibido incluso detenerse en paradores destinados al transporte y estaciones de servicio para descansar, higienizarse y-o reabastecerse. Escudándose en ciertos artículos legales que incluyen el cuidado sanitario del lugar, se han comprobado casos en los que los camiones han sido “fajados” para que el conductor no pueda descender del vehículo, tal como si se tratara de un terrorista. En algunos casos se sabe que las autoridades anticiparon que, en caso de violar dicha faja por parte del conductor, este podría ser sancionado con penas que van de uno a dos años de prisión.
Según declaraciones de algunos transportistas, la Provincia de San Luis ha decidido dar un paso adelante y aún más arriesgado, ya que las autoridades los han obligado a estacionar a todos los camiones en la denominada ZAL (Zona de Actividades Logísticas) con el objetivo de cobrarles un arancel de $2.500 por cada día de estacionamiento del vehículo.
Ante el reclamo por parte de FADEEAC en este sentido, ningún municipio ni gobernación involucrada en este abuso de autoridad ha respondido oficialmente.
La actitud negativa y la falta de respuesta por parte de dichas autoridades podría desembocar en un posible desabastecimiento en estas regiones, ya que los transportistas podrían iniciar una serie de medidas hacia ciertos y determinados destinos cuyo comportamiento por parte de las fuerzas de seguridad comprometa el correcto desempeño del sector de cargas y sus trabajadores.
