El Ministerio del Interior confirmó que en febrero se lanzará la licitación del Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7. El proyecto prevé obras básicas, mantenimiento con “bache cero” y concesión a privados, en uno de los corredores más críticos para el transporte de cargas y el comercio internacional con Chile.
19-01-26.- El Gobierno nacional dio un paso concreto hacia la mejora de la Ruta Nacional 7, uno de los corredores viales más estratégicos —y a la vez más riesgosos— del país. Durante su visita a Mendoza, el ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que en febrero se realizará la licitación de esta traza, clave para la conexión logística con Chile.
Con este anuncio, vuelve a tomar relevancia el plan técnico elaborado por Vialidad Nacional, mediante el cual la gestión de Javier Milei busca revertir el estado crítico de la ruta, especialmente en el tramo cordillerano, donde el tránsito pesado convive desde hace años con serios problemas de seguridad y mantenimiento.
El proyecto fue presentado oficialmente en una audiencia pública realizada el 30 de junio pasado en la ciudad de Mendoza, como paso previo a la licitación del denominado “Tramo Cuyo” de la red vial nacional. Se trata del sector que se extiende desde el Arco de Desaguadero —límite con San Luis— hasta la frontera con Chile, incluyendo la Variante Palmira.
Durante esa audiencia quedó expuesta la decisión política de concesionar la ruta a un operador privado, quien deberá asumir el costo de las obras a cambio del cobro de peaje. Entre las condiciones establecidas, se destacó la obligación de garantizar una “transitabilidad segura”, bajo el concepto de “bache cero” durante el primer año de concesión, un punto clave para quienes circulan diariamente con cargas pesadas.
Desde Vialidad Nacional también se aclaró que no habrá cobro de peaje hasta que se completen las obras básicas, y que el plan fue diseñado de manera acotada para evitar que las tarifas se disparen, una preocupación recurrente del sector transportista.
La concesión de rutas nacionales fue formalizada mediante un decreto del Poder Ejecutivo emitido en febrero del año pasado, y la audiencia pública —aunque no vinculante— constituye un requisito obligatorio en todo proceso licitatorio. En el caso de la Ruta 7, participaron 51 personas de forma presencial y 39 de manera virtual, en una jornada que se extendió por poco más de dos horas.
Tras algunas dudas iniciales sobre la ejecución de las obras, el reciente anuncio del ministro Santilli devuelve actualidad a aquel proceso y confirma que la Ruta 7 vuelve a ocupar un lugar central en la agenda vial nacional. Para el transporte de cargas, se trata de una definición largamente esperada en un corredor vital para la economía regional, el comercio exterior y la seguridad de quienes viven y trabajan en la ruta.
